El Instituto Catalán de Finanzas hizo ayer un nuevo paso para convertirse en banco público. El día siguiente de presentar la arquitectura de la administración tributaria, el ejecutivo catalán modificó ayer el marco legislativo que regula el ICF para adecuarlo a la normativa europea.
El gobierno de la Generalitat aprobó un decreto ley que principalmente reforzará la independencia política del organismo en consonancia con el que piden los reguladores europeos.
El organismo que dirige el señor Sanromà tiene actualmente más de doce consejeros, además de él mismo, que tiene un rol ejecutivo. De estos consejeros sólo tres son independientes, mientras que otros están en representación del Gobierno. El nuevo esquema previsto tendrá un máximo de 11 consejeros, de los cuales seis serán independientes que tendrían que elegirse en unas semanas y cuatro representantes del ejecutivo catalán.
Sanromà explicó en rueda de prensa que la intención de la entidad es estar “preparada” por cuando la ley europea de governanza de los bancos públicos esté acabada, cosa que le permitiría acceder a un proceso de licencia para ser entidad de crédito público europea. Sería una vez superado este trámite cuando el ICF sería oficialmente un banco público y pasaría a estar supervisado por los organismos europeos y las agencias de calificación, puesto que hasta ahora es la misma Generalitat como propietaria quién hace la evaluación.
Ni estructura de estado ni Banco Central
Sanromà aclaró que el ICF no consta al Libro blanco de la transición nacional y que es una entidad de crédito público para financiar las empresas que “tiene sentido sea cual sea la situación política de aquí unos meses”. En esta línea, desvinculó su existencia del proceso político: “No estamos hablando de un Banco Central Catalán”.
El año pasado la entidad prestó 732 millones a un total de 1.642 empresas, un 18% más que los otorgados durante el 2013.