El Gobierno ha encargado a la consejería de empresa y Territorio la elaboración de una propuesta para regular la economía colaborativa, que afecta empresas como Uber y Airbnb, que abordará el tratamiento fiscal de estas actividades y pretende garantizar la libre competencia y los derechos de los consumidores.
A principio de mes, el consejero de empresa, Felip Puig, ya dijo que la economía colaborativa «ha llegado para quedarse y hay que regularla».
En la economía colaborativa o el consumo colaborativo, se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales, como son la aplicación de transporte de pasajeros entre particulares Uber o la plataforma de alquiler de apartamentos entre particulares Airbnb.
Con la regulación, la Generalitat quiere garantizar que estas nuevas prácticas respeten la libre competencia y los derechos de los consumidores y pretende evitar que se produzcan situaciones de precariedad laboral encubierta, fraude fiscal, economía sumergida o de afectación sobre la salud, el descanso o la convivencia a las zonas donde se llevan a cabo.
Por eso, la propuesta que ha encargado el Consejo Ejecutivo a la consejería tendrá que abordar aspectos como el tratamiento fiscal de las actividades de la economía colaborativa, los mecanismos para garantizar el control de la calidad de la oferta, la protección de los consumidores o la prevención de la competencia desleal.
Esta propuesta de regulación de la economía colaborativa tiene que tener en cuenta el posicionamiento de las empresas del sector, de los sectores económicos ya implantados y que se vean afectados por estas actividades. También tiene que tener en cuenta la posición de los agentes económicos y sociales, de las entidades municipalistas y de los departamentos de la Generalitat competentes en la materia.
Además, se analizarán las experiencias de ordenación de este tipo de actividades que se han hecho en otros países.